La Ley de Antigüedades de 1973 incluye unas listas muy extensas de los bienes muebles e inmuebles protegidos, incluyendo lugares de asentamientos antiguos o zonas donde haya vestigios de las civilizaciones antiguas (artículo 1).
Todos los objetos arqueológicos son propiedad del estado (artículo 3) y es obligatorio comunicar su hallazgo(artículo 4) y hay establecido un sistema de recompensas para los hallazgos casuales (artículo 47).
Hay una mención específica contra la búsqueda de tesoros, las excavaciones ilícitas y el comercio de antigüedades (artículos 51 y 52).
La búsqueda de tesoros no autorizada puede acarrear penas de carcel que oscilen entre 2 y 5 años y multas de entre 35.000A y 310.000A (artículo 47).